El dejar de ejercer el Estado de Derecho, quienes forman parte de la estructura del sistema de gobierno mexicano, podrido; tanto senadores, diputados federales, locales, ministros,magistrados, y titulares del poder judicial, en decadencia, la Libertad de Expresión es manipulada y amenazada para quienes la ejercen, principalmente periodistas, reporteros, defensores de derechos humanos, fotógrafos, caricaturistas, entre otros. Sin embargo, existen personalidades que siempre han dependido del erario público sin trabajar o desquitar ese dinero robado a discreción.

Los ladrones de cuello blanco, abundan tras escritorios manipulando llamadas a diestra y siniestra para conseguir fines políticos de otra estructura partidista para confundir a la opinión pública, los seudónimos, los nombres inventados, son parte de ese bagaje delictivo y cómplice del viejo sistema autoritario que en la actualidad sigue operando por la falta de conciencia entre los servidores públicos.

Hablar del gremio periodístico es complicado y más a nivel local, sucede que el servicio informativo también es un negocio a parte de ser una función social, esta dualidad genera compromisos para quienes defienden sus intereses económicos por temor a desaparecer como medio de comunicación local o regional y el servidor público en la región aprendió basado en la vieja escuela, generar un ambiente y mal aplicado desde los años del porfiriato, refrendado en la década de los años sesenta con Gustavo Díaz Ordaz «el mandril», del gobierno de Luis Echeverría y el golpe al periódico Excélsior bajo la dirección de Julio Scherer García, en donde predominaba la frase gubernamental; «No te pago para que me pegues», esa concepción de reducir el trabajo periodístico a una acción de enojo por parte de un servidor público no es correcta, pues en la actualidad a nivel nacional se ha estipulado un presupuesto destinado hacia medios de comunicación y la idea es señalar los errores que los servidores públicos cometen, sumando; omisiones, abusos, tráfico de influencias y delitos que puedan ser configurados por parte de una verdadera autoridad judicial, que imparta y administre justicia, pero justicia social, no justicia gremial política, entonces, estaría cambiando el actuar de muchas autoridades federales, estatales y municipales.

Cuando suceda este hecho en México, el resultado es innegable; la muerte de muchos compañeros periodistas, pues el sistema no aguanta las investigaciones, reportajes, fotografías, caricaturas, críticas, noticias y análisis de las propias autoridades negligentes cuyo único fin, se ha convertido en saquear el sistema financiero.