
Las condiciones ahora las pone la iglesia en el caso de la nueva instalación de la Cuasiparroquia en la comunidad de La Magdalena Panoaya, desde el momento en que el párroco pone como condición la construcción de su vivienda, por supuesto, toda amueblada, y su pago de tres salarios mínimos más las limosnas, que imposición y robo eclesiástico verdad.
La otra arista turna en cambiar la sede a la comunidad de Vicente Rivapalacio, comunidad vecina. Aquí las condiciones cambian, pues los habitantes de esta zona de la llamada «Costa Chica», del municipio de Texcoco, no se ponen de acuerdo por las diferencias de como llevar a cabo las acciones eclesiáticas.
Algunos argumentan que, incluso, los párrocos gestionan ante los ayuntamientos apoyos para las comunidades logrando una figura de benevolencia social y aquí la reverencia total a la iglesia.
Esta relación Iglesia-Estado logra confundir a la población sobre el verdadero papel del Estado y por otra parte, el de la iglesia, sobre las acciones en pro de los habitantes.
Cabe señalar que desde la Diócesis de Texcoco, bajo la tutela del Obispo Juan Manuel Mancilla Sánchez, los argumentos están basados en un fe de la iglesia católica de ofrecer servicios con un pago de por medio, el cual ninguna autoridad establece ni regula, pues se supone que la Procuraduría del Consumidor está para establecer los precios sobre productos o servicios, de los cuales existe un control de la iglesia, misma institución que no paga impuestos. Entonces esta relación Iglesia-Estado cómplice en la obtención de capital irregular mexicana, y se quejan que no hay dinero en México.
Esta acción es una muestra del poder y el control de la iglesia católica de mantener a la población inerte sobre su condición social, en la que carece de empleo, educación, espacios públicos de calidad, acceso a la verdadera cultura, no conciertos a los que las autoridades municipales se llenan la boca de decir festivales culturales, es una correlación degradante de estas dos instituciones de ofrecer servicios de mala calidad y de corto plazo.
La «Costa Chica», es la zona más marginada y olvidada por las autoridades civiles, lugar donde se gesta la violencia e inseguridad, hechos que ponen a temblar a la autoridad sin lograr avances, una muestra de este caso es la adquisición de más armamento, patrullas y elementos policíacos en lugar de abrir escuelas públicas y ofertar espacios para niños de bajos recursos, y dicen que la educación es laica y gratuita, ¿en verdad quienes se dicen gobernar saben que significan estas palabras?, por supuesto que no, y si lo saben prefieren agachar la cabeza en lugar de enfrentar el problema social.
Esos no son servidores públicos, son vividores públicos de esa relación Iglesia-Estado, cómplices de la pobredumbre social, vendiendo la imagen de estar trabajando al decir sí a todo tipo de solicitud o gestión social.
