OPINIÓN

Este viernes por la mañana elementos de la policía federal y granaderos estatales resguardaron un predio en el municipio de Tezoyuca en donde se terminará la construcción de la autopista Pirámides-Texcoco momento en que el dueño y su hija fueron desalojados sin mayor ímpetu que cumplir la orden que se publicó el pasado 21 de agosto en el Diario Oficial.

Los elementos policiacos en formación como si fuese un operativo en contra la delincuencia organizada, arremetieron en contra de estas personas, sin embargo, ninguna autoridad se ha querido hacer responsable para reparar este daño que durante muchos años lograron para tener una estabilidad como familia, es necesario cuestionar si el Estado es lo suficiente responsable, como se llena la boca de andar pregonando que trabaja en beneficio de la población, entonces que indemnice de manera inmediata a esta familia y a quienes resulten afectados de manera directa para que reconstruyan sus hogares sin que tengan que reinvertir algún peso.

Lo ideal para estos casos, la parte negociadora del gobierno y de las empresas, deben ofrecer, sin mentiras, las garantías para que las personas afectadas puedan rehacer su vida y no al contrario, como es costumbre de llevarse a cabo en infinidad de situaciones.

Lástima de gobierno que a pesar de los años de mantenerse en el poder por solo un partido político, el PRI, no ha aprendido a resolver todo tipo de aspectos para realizar obras de gran impacto, eso demuestra la incapacidad de los funcionarios de todos los niveles su grado de corrupción y estupidez.

En la actualidad, los desalojos se han convertido en una herramienta necesaria para satisfacer las necesidades de las empresas constructoras y proyectos gubernamentales que benefician a unos cuantos. Dejando a un lado, los beneficios económicos y generación de empleos directos a la población de las zonas afectadas.

Con la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México, dicen los que dicen que saben, beneficiará a los habitantes de toda la zona oriente del estado de México con la consigna de impulsar un desarrollo económico y un crecimiento poblacional desmedido.

Por el momento, la mayoría de los funcionarios estatales, federales y empresarios nacionales e internacionales, ya se han repartido ese pastel de ganancias multimillonarias que lo único que falta es tranquilizar a la población para que se conforme, como siempre lo hace, con empleos del tercer mundo.