Reforma legislativa en materia de niñez abre la puerta para una adecuada implementación de la Ruta de Protección Integral de Niñez y Adolescencia Migrante

. De enero a agosto de 2020 se registraron 7,442 eventos de detención de niñez y adolescencia migrante por parte del INM.


. El 29 de septiembre la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Migración y a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político para armonizarlas con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y garantizar la no detención de niñez y adolescencia migrante.
CDMX. 12 de octubre de 2020. La Coalición Internacional contra la Detención (IDC) y el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) reconocemos el avance legislativo para garantizar los derechos de las niñez y la adolescencia migrante al armonizar la Ley de Migración (LM) y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político (Ley de Refugiados) con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En este contexto, lanzamos una campaña informativa para visibilizar los avances y las buenas prácticas que se han desarrollado a nivel federal y estatal relacionadas con las alternativas a la detención y los modelos de cuidados alternativos para garantizar el interés superior de la niñez migrante.
 
Las reformas legislativas del pasado 29 de septiembre prohíben la detención de niñas, niños y adolescentes por razones migratorias y otorgan la responsabilidad de garantizar el bienestar de esta población al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, quitándole esa competencia al Instituto Nacional de Migración (INM), y reconociendo los derechos de niñas, niños y adolescentes por encima de su condición migratoria.
 
Durante 2019 fueron detenidas más de 50 mil niñas y niños migrantes, principalmente provenientes de Honduras y Guatemala. Esta cifra no tiene precedentes en los 17 años que la Secretaría de Gobernación publica sus estadísticas sobre detenciones migratorias. En comparación con 2018, las detenciones incrementaron un 82 por ciento. Entre enero y agosto de 2020 se registraron 7,442 eventos de detención de niñez y adolescencia migrante, 37 por ciento niñas y 63 por ciento niños, pese a la emergencia sanitaria y las medidas de sana distancia e higiene implementadas por el gobierno mexicano para combatir la pandemia, y la orden de un juez federal para eliminar la detención de niñas, niños y adolescentes migrantes en estaciones migratorias.
 
La protección de la niñez y la adolescencia migrante es una obligación de los Estados. La detención de la niñez migrante tiene repercusiones en su desarrollo psicoemocional a corto, mediano y largo plazo. Las alternativas a la detención migratoria basadas en la comunidad permiten que niñas, niños y adolescentes migrantes cuenten con opciones diferentes que garanticen su interés superior de acuerdo a sus necesidades específicas.
 
En este sentido, hoy existen políticas públicas para proteger y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes desde antes de su llegada al país y durante su estancia en México. En el marco del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes se creó la Comisión de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Solicitantes de la Condición de Refugiado, órgano que dicta la política nacional de protección para la niñez y adolescencia migrante y solicitante de asilo en el país, y a su vez la Ruta de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración la cual implementa protocolos, procedimientos e instrumentos para atender las necesidades específicas de cada niña, niño y adolescente migrante.
 
Hoy, se requiere el compromiso de autoridades federales, locales y municipales para implementar en todo el país la Ruta de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración que garantice el interés superior de la niñez y adolescencia migrante; la publicación, en el Diario Oficial de la Federación, de las reformas a la LM y Ley de Refugiados, así como la asignación de un presupuesto, federal y estatales, suficiente para el fortalecimiento de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y los Centros de Asistencia Social, públicos y privados.

La migración, sin importar las formas de desplazamiento o las razones, tiene de fondo la necesidad de un cambio estructural y no acciones de disuasión. Sin importar los riesgos o las políticas migratorias restrictivas de los países, las personas seguirán huyendo de las pandillas, los cárteles, la violencia de género, la pobreza, y las amenazas contra su vida y las de sus familias. En el contexto actual de la pandemia, seguir con una política de criminalización de la migración incrementa los riesgos de la niñez y adolescencia de seguir siendo detenida en estaciones migratorias y a su vez en riesgo de contraer coronavirus pues las reformas recientes aún no entran en vigor.


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