Propone GPMC reformas para combatir la violencia digital

  • Incluye medidas de protección inmediatas para garantizar la integridad de la víctima.
  • Pide que la autoridad ordene a plataformas digitales o medios de comunicación el bloqueo y destrucción de las imágenes, audios o videos denunciados.

Toluca, Edomex. En nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso mexiquense, la diputada Juana Bonilla Jaime propuso incluir el término de violencia digital en la legislación estatal a fin de dar mayor certeza a las víctimas de violencia digital y brindar un acompañamiento por parte de las autoridades a las mujeres, niñas y jóvenes que hayan sido agraviadas. 

En sesión deliberante, la legisladora señaló que la violencia digital en contra de las mujeres y niñas representa un obstáculo para su acceso seguro a las comunicaciones e información digital, genera consecuencias psicológicas, emocionales y sociales para las víctimas y limita el pleno uso, goce y disfrute de sus derechos humanos.  

Dijo que el incremento del uso de internet, telefonía celular, equipos de cómputo y acceso a redes sociales también ha propiciado una problemática que necesita ser atendida por los actores competentes, por lo cual se busca incluir un capítulo dedicado a la violencia digital en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México.

También propone que la o el Ministerio Público, la jueza o el juez, ordenen de manera inmediata las medidas de protección necesarias para las víctimas y ordenen a las empresas de plataformas digitales, de medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas, personas físicas o morales, la interrupción, bloqueo, destrucción, o eliminación de imágenes, audios o videos relacionados con la investigación, previa satisfacción de los requisitos de ley.

Asimismo, establece un procedimiento para que las plataformas digitales, medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas den aviso de forma inmediata al usuario que compartió el contenido, donde se establezca de forma clara y precisa que el contenido será inhabilitado por cumplimiento de una orden judicial.

La propuesta, a la que se adhirió el grupo legislativo del PAN a través de la diputada Miriam Escalona Piña, fue remitida a dictamen de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición.



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