Cárcel hasta por 15 años a quien reclute menores para delinquir

  • La reforma busca contribuir a erradicar el uso y participación de menores en delitos de alto impacto: Yesica Rojas.
  • También se sancionará con prisión a quienes empleen menores en establecimientos donde se expendan bebidas y sustancias tóxicas.

Toluca, Edomex. Por unanimidad de votos, el Congreso del Estado de México aprobó penas de cinco a 10 años de prisión y de 500 a dos mil días multa a quien o quienes inciten a un menor de edad a formar parte de una asociación delictuosa o pandilla, y en caso de que se cometan delitos graves, la pena se incrementará hasta en una tercera parte, esto es hasta 15 años de cárcel.

De acuerdo con la reforma al Código Penal del Estado de México impulsada por la diputada Yesica Yanet Rojas Hernández (Morena), se busca favorecer las disposiciones jurídicas que contribuyan a erradicar el uso y participación de menores en delitos de alto impacto, toda vez que, en la última década, se incrementado la inseguridad en la entidad, y sobresale el aprovechamiento de menores para delinquir.

Por ello, a quien incite a un menor a fabricar, portar, usar o traficar armas prohibidas sin un fin lícito, se le impondrán de cinco a 10 años de prisión y de 300 a mil 500 días multa; además, a quien impulse a un menor a realizar a través de cualquier medio, sin fines de lucro, actos eróticos sexuales, exhibiciones corporales, lascivas o sexuales, públicas o privadas, se le castigará con prisión de cinco a 10 años y multas de mil a cuatro mil días multa.

Adicionalmente, a quienes empleen, incluso de manera gratuita, a personas menores de 18 años o que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho o de resistirlo, en lugares o establecimientos donde preponderantemente se expenden bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas para su consumo inmediato, o en lugares que por su naturaleza sea nocivos para el libre desarrollo de su personalidad o para su salud, se le aplicará cárcel de dos a cuatro años y de mil a 5 mil días multa, así como el cierre definitivo del establecimiento.

El dictamen establece que que en la última década se ha incrementado el índice delictivo en la entidad y que, la seguridad es una deuda pendiente con la sociedad, que es víctima de las organizaciones criminales y de los delincuentes, que se aprovechan de sus condiciones de vulnerabilidad y pobreza.



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